Sol Luque en el Ágora Luis Toca: “El robo de bebés en España es un crimen de lesa humanidad aún sin resolver”
- La activista reclama medidas urgentes para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas de un sistema que se prolongó desde la dictadura hasta la democracia
13 de febrero de 2026.- El Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca ha acogido la conferencia “Robo de bebés en el Estado español (Dictadura y transición)”, impartida por la activista Sol Luque Delgado, presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños, una entidad estatal constituida en 2012 que trabaja en la investigación, el acompañamiento a víctimas y la defensa de sus derechos.
El encuentro ha abordado un fenómeno que se extendió durante décadas —desde 1936 hasta bien entrada la democracia— y que afectó a miles de personas en todo el Estado. Un crimen que, según se expuso, no puede entenderse como una suma de casos aislados ni limitarse a una motivación económica, sino que responde a un entramado político, ideológico y represivo vinculado al franquismo y a la continuidad de la impunidad durante la Transición.
Durante su intervención, Luque insistió en la necesidad de nombrar correctamente esta realidad desde el punto de vista jurídico. “’Bebés robados’ es una denominación social, pero jurídicamente hablamos de desapariciones forzadas de menores”, explicó, subrayando que el fenómeno no afectó únicamente a recién nacidos. “Se trata de un crimen que abarcó todo el territorio y a niños de distintas edades, por lo que debe abordarse desde el derecho internacional”, añadió.
En una primera etapa, vinculada a la posguerra, el robo de menores respondió a una lógica de represión política. “Se separaba a los hijos de familias consideradas ‘desafectas’ al régimen”, explicó, en referencia a teorías defendidas por el psiquiatra Antonio Vallejo-Nágera. “Se sostenía que el marxismo era una tara transmisible, y por eso se justificaba apartar a los niños de sus madres”. En este contexto, recordó que se aprobaron decretos que permitían al Estado apropiarse de menores y modificar su identidad, dificultando cualquier posibilidad de reencuentro.
A partir de los años 50, el sistema evolucionó hacia un modelo más amplio, vinculado al control moral y social. “A muchas madres se les decía que su bebé había muerto, utilizando excusas como que había nacido enfermo o que era mejor no verlo”, relató. “Todo esto se hacía con la participación de médicos, monjas y funcionarios que falsificaban documentación”. En este sentido, fue contundente: “No hay ni un solo caso de familias acomodadas afectas al régimen a las que les robaran un hijo; siempre eran familias vulnerables”.
Luque denunció además la continuidad de estas prácticas más allá del franquismo. “Es doloroso reconocer que esto siguió ocurriendo durante la Transición y en democracia, hasta los años 80 y 90”, afirmó. “No hubo una ruptura que investigara estos crímenes, y el Estado es responsable, por acción u omisión”. En este sentido, defendió que deben considerarse delitos de lesa humanidad e imprescriptibles, tal y como reconoce el derecho internacional.
Desde una perspectiva de género, la activista puso el foco en la situación de las mujeres durante la dictadura. “La mujer no era sujeto de derechos, era tratada como una ‘vasija’ sobre la que otros decidían”, explicó. “Muchas fueron silenciadas y tratadas de locas cuando dudaban de la muerte de sus hijos”. Además, subrayó que las secuelas psicológicas de estas víctimas son comparables a las de la violencia de género.
Uno de los mecanismos más habituales, según explicó, se producía en hospitales. “Se decía a las familias que el hospital se encargaba del entierro por caridad”, señaló. “Era la forma de no entregar un cuerpo que no existía”. En la actualidad, muchas familias siguen investigando y se encuentran con irregularidades. “Hay registros con cajas vacías o restos que no corresponden”, denunció.
Asimismo, abordó el papel de las instituciones religiosas en este entramado. “Muchas adopciones irregulares se gestionaron a través de la Iglesia”, afirmó, señalando el bloqueo existente en el acceso a documentación. “Las víctimas se encuentran con negativas constantes cuando solicitan registros o partidas de bautismo”. En este sentido, advirtió: “Sin una ley que obligue a abrir estos archivos, la verdad seguirá secuestrada”.
En cuanto a la situación actual, Luque reclamó avances legislativos urgentes. “Llevamos años impulsando una Ley de Bebés Robados y no pedimos dinero”, subrayó. Entre las medidas necesarias, destacó la apertura de archivos —incluidos los eclesiásticos—, la creación de un banco de ADN eficaz y el reconocimiento institucional de las víctimas. “Es una vergüenza que la ley siga paralizada mientras las madres se nos están muriendo y se pierde el capital genético para los reencuentros”, advirtió.
La implicación de la activista en esta causa es también personal. Es la penúltima de una familia de diez hermanos y busca desde hace años a su hermano mellizo, desaparecido en este contexto. Desde esa experiencia, continúa impulsando iniciativas a nivel social, judicial y político, participando en redes memorialistas y de derechos humanos.
El encuentro concluyó con una llamada a la responsabilidad institucional y social para afrontar este capítulo de la historia reciente. “No estamos hablando del pasado, estamos hablando de un problema que sigue abierto”, insistió Luque, reclamando verdad, justicia y reparación para miles de familias que aún buscan respuestas.