26 de marzo de 2026.- El Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca ha mostrado su apoyo al manifiesto de la Comisión 8 de Marzo de Santander y ha expresado su rechazo a la participación del Ayuntamiento en actos vinculados a colectivos “provida”, una postura que también han escenificado este jueves en el Pleno municipal representantes del movimiento feminista y de la Asociación Derecho a Morir Dignamente.

La presidenta del colectivo, María Toca, ha asegurado que la entidad se suma a las reivindicaciones del 8M y de las organizaciones que defienden el derecho a una muerte digna al considerar “inadmisibles” los actos institucionales impulsados por el Consistorio junto a asociaciones que, a su juicio, cuestionan derechos consolidados.

En este sentido, ha criticado que una administración pública que debe representar al conjunto de la ciudadanía adopte posicionamientos que van “en contra de derechos largamente conquistados”, como la autonomía sobre el propio cuerpo o la eutanasia. “No entendemos que se introduzca un sesgo ideológico en cuestiones que afectan a derechos fundamentales”, ha señalado.

Asimismo, ha defendido que estos derechos seguirán siendo respaldados por la entidad “con todos los medios posibles” y ha cargado contra lo que considera una falta de coherencia institucional, al tiempo que ha mostrado su apoyo a los colectivos convocantes.

Por su parte, una delegación de la Comisión 8 de Marzo y de la Asociación Derecho a Morir Dignamente ha trasladado al Pleno su rechazo a la implicación del Ayuntamiento en actividades organizadas por colectivos contrarios al aborto, así como a la iluminación de la fachada consistorial con motivo del denominado “Día de la Vida”.

Ambas organizaciones han denunciado lo que califican como “hipocresía institucional”, al entender que el Consistorio participa en iniciativas sin reconocimiento internacional que responden, según sostienen, a una agenda ideológica contraria a derechos reconocidos legalmente.

En un comunicado, han advertido de que estas actuaciones no son meramente simbólicas, sino que evidencian, a su juicio, el uso de recursos públicos para cuestionar derechos amparados por la legislación vigente. “No se trata de opiniones, sino de libertades individuales que no dependen de la moral de ningún gobierno”, subrayan.

Además, consideran que estos hechos contradicen el discurso institucional en materia de igualdad y derechos de las mujeres. “No se puede defender una cosa y hacer la contraria”, apuntan, al tiempo que sostienen que la colaboración con este tipo de entidades supone una forma de “violencia institucional”.

En esta línea, alertan de que el mensaje que se traslada a la ciudadanía —especialmente a mujeres y personas en situación de vulnerabilidad— es que decisiones legales pueden ser señaladas o cuestionadas desde las propias instituciones.

Las organizaciones también advierten de que estas iniciativas no son hechos aislados, sino que formarían parte de una estrategia más amplia orientada a “normalizar discursos regresivos” en el ámbito público y reabrir debates que consideran ya superados en el marco democrático.

Por ello, han reclamado el fin de la colaboración institucional con organizaciones que, a su entender, vulneran derechos fundamentales, la retirada de acciones que puedan contribuir a la estigmatización de decisiones personales y un compromiso “real” con la defensa de los derechos.

Finalmente, han defendido que las instituciones deben garantizar libertades y no responder a planteamientos ideológicos concretos, y han advertido de que continuarán movilizándose ante lo que consideran una forma de actuar que pone en cuestión derechos ya reconocidos.

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