El Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca, junto a otras organizaciones, recurre el convenio del SCS con Santa Clotilde por 256 millones

• La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública coordina el contencioso y denuncia una derivación de servicios a un hospital privado durante hasta 20 años
• La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, la Asamblea de Mujeres de Cantabria, Ecologistas en Acción y el Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca firman el recurso contencioso-administrativo contra el convenio del SCS con Santa Clotilde

21 de enero 2025.-  La Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública en Cantabria ha coordinado la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra el denominado “convenio singular” suscrito entre el Servicio Cántabro de Salud (SCS) y el Hospital Santa Clotilde (HSC), con el objetivo de solicitar su nulidad. La acción judicial está firmada por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, Ecologistas en Acción, la Asamblea de Mujeres de Cantabria y el Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca, que consideran el acuerdo “irregular” y “oscuro” y denuncian que supone retirar de la red pública una parte relevante de la actividad asistencial.

Según exponen las entidades impulsoras del recurso, el Ejecutivo autonómico transferirá al centro privado un mínimo de 256 millones de euros, en un periodo de 16 años ampliables hasta 20, tanto por la prestación de servicios que ya venía realizando en menor medida —como hospitalización de pacientes crónicos, geriátricos y dependientes, atención a fracturas de cadera y rehabilitación— como, especialmente, por la incorporación de nuevas prestaciones que hasta ahora se venían desarrollando de forma “exclusiva e integrada” en el sistema público. En este punto, citan programas de prevención y detección precoz como los cribados de cáncer de mama y de colon, que, según resaltan, se ejecutaban dentro del circuito sanitario público “con fiabilidad y eficacia”.

Los colectivos denunciantes sostienen que la salida de estas áreas del control del sistema público implica, además, un impacto directo sobre la inversión en los hospitales y centros dependientes del SCS. A su juicio, destinar esa cantidad a un proveedor privado limita la capacidad del sistema público para reforzar dotación de personal y recursos materiales, en un contexto en el que la sanidad cántabra arrastra “problemas acuciantes” en ambas áreas.

En relación con la viabilidad del convenio, afirman que la entidad adjudicataria no dispone de medios suficientes para asumir el paquete de prestaciones asignadas. En este sentido, citan declaraciones del consejero de Salud, César Pascual, según las cuales la dotación económica tendría como finalidad “dar estabilidad” a la orden religiosa que gestiona el hospital, San Juan de Dios, al prever inversiones cercanas a 60 millones de euros, con la construcción “próxima” de un nuevo bloque con quirófanos y la incorporación de tecnología de la que hasta ahora carecía.

Otro de los puntos que plantearán en sede judicial, según la nota, es que este tipo de convenios está reservado a entidades sin ánimo de lucro, pero los recurrentes defienden que Santa Clotilde opera como un hospital privado y, además, subcontrata servicios que no puede prestar por sí mismo. Como ejemplo, mencionan pruebas diagnósticas como mamografías, resonancias, TAC y ecografías, que realiza la empresa HT Médica, controlada —según sostienen— por el fondo internacional de capital riesgo Fremman Capital, con presencia en ciudades como Londres, Luxemburgo, Madrid, Múnich y París.

En cuanto al procedimiento, las organizaciones aseguran que el convenio se formalizó “en la oscuridad”, sin la debida publicidad previa, y al margen del Plan de Salud 2025-2029, al que reprochan falta de justificación y argumentación económica. Añaden que el acuerdo se firmó inicialmente por 216 millones, para incrementarse poco después en 40 millones adicionales.

Asimismo, cuestionan que se recurriera a una fórmula excepcional para la contratación directa incluida en la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria, prevista para situaciones urgentes o extraordinarias, al entender que no concurrían las condiciones necesarias ni se aportaron las justificaciones legales exigibles para evitar un concurso abierto con otros posibles prestadores.

Desde el punto de vista asistencial, los colectivos alertan de la extracción de servicios “clave” de la red pública, incluidas cirugías de distinto rango y partes esenciales de tratamientos y programas preventivos, algo que consideran especialmente sensible en patologías como el cáncer, que requieren un seguimiento “unitario y coordinado”. En su argumentación, advierten de que la derivación puede fragmentar la atención y abrir la puerta a dos modelos: uno plenamente integrado en el sistema público, y otro que, en su opinión, genera incertidumbre en el paciente, al no tener claro “dónde, cuándo y en qué empresa” se analizarán determinadas pruebas.

Las entidades firmantes añaden que el acuerdo “hipoteca” parte de la asistencia sanitaria en Cantabria durante al menos 16 años, con posibilidad de llegar a 20, pese a tratarse de un escenario sanitario sujeto a cambios continuos en necesidades y enfoques de atención.

También señalan que las exigencias vinculadas a la calidad del servicio adjudicado al hospital privado resultan “muy laxas”, tras una adenda publicada en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC). Según indican, la penalización económica máxima por incumplimientos quedaría limitada al 1% si no se alcanza el 80% de los objetivos fijados y sería del 0% si se supera ese umbral.

Por último, expresan preocupación por el contexto político del acuerdo y apuntan a una supuesta “posición de debilidad” del principal partido de la oposición, el PSC-PSOE. En concreto, aluden a un posible conflicto de intereses al asegurar que la diputada socialista Eva Salmón ocupa también el cargo de directora de Recursos Humanos del Hospital Santa Clotilde, circunstancia que, según sostienen, explicaría su ausencia en la votación de los presupuestos de Cantabria del pasado 24 de noviembre, en los que se consolida la dotación económica contemplada en el convenio.

Con todo ello, los colectivos alertan de un aumento de la inquietud social y profesional ante lo que consideran una tendencia privatizadora en la sanidad cántabra, y avisan de que continuarán impulsando acciones para frenar el convenio.